Trouxe
mais um texto preparatório para a prova da DATAPREV.
Façam
a leitura e interpretação do mesmo que no próximo artigo trarei os comentários.
La
fiscalía acusa de un fraude a la Seguridad Social a 334 personas
La Fiscalía de Granada ha acusado a 334 personas por un supuesto fraude de
2,5 millones de euros a la Seguridad Social. Es el resultado de la denominada
operación Genil, una investigación que destapó en 2008
una trama centrada en el fraude de prestaciones y subsidios por desempleo a la
Seguridad Social y al servicio público de empleo estatal a través de empresas
ficticias.
La investigación supuso la citación de cientos de personas en la fase de
instrucción en el juzgado. Cuatro años después, la fiscal Emilia A. Rancaño
considera como principales acusados a ocho personas. Ellos urdieron, según el
escrito de calificación provisional, un plan para lograr de manera fraudulenta
prestaciones y subsidios mediante la creación de un entramado de sociedades,
dedicadas principalmente a la construcción.
Los cabecillas de esta trama se enfrentan a una petición de 18 años de
prisión por seis delitos de fraude de subvenciones y multas de 2,6 millones de
euros. Además, la Fiscalía propone que pierdan el derecho a obtener
subvenciones o ayudas públicas y a obtener beneficios fiscales por un periodo
de cuatro años.
El resto de acusados, 326, son trabajadores que supuestamente fueron
contratados de forma fraudulenta. A ellos el fiscal les atribuye la posible
comisión de un delito continuado de falsedad en documento
oficial y les pide penas de cárcel de tres años y multas de 3.600 euros.
Además, pide que indemnicen al INEM con la cantidad defraudada.
Para acceder a las prestaciones, los supuestos trabajadores pagaban una
cantidad de dinero no determinada a los principales acusados, que tramitaban
las altas ficticias de los trabajadores en la Seguridad Social con un contrato de
trabajo elaborado expresamente para ello.
El trabajador permanecía de alta el tiempo imprescindible para acceder al subsidio
o prestación, y posteriormente se presentaba la documentación necesaria para
ello, como el cese de la relación laboral o el documento que acreditaba el
tiempo de trabajo.
Se constituyeron 11 sociedades con domicilios en distintos puntos de
Granada. Las empresas, según la fiscal, no tenían actividad, ni domicilio
social o fiscal real y carecían de los medios materiales necesarios para los
trabajos que supuestamente debían realizar en el sector de la construcción.
Extraído de http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/09/andalucia/1349809791_412525.html
Hasta muy pronto.
Marise Zappa